Acciones internacionales

La violencia contra las mujeres en política es un fenómeno que se presenta en todos los países del mundo independientemente de la región, el nivel de desarrollo, el sistema político o los niveles de participación e igualdad de género en el ámbito político. Muchos de ellos han emprendido la tarea de construir acciones legales, afirmativas o pedagógicas que permitan hacer visible el fenómeno y crear estrategias para disminuir el impacto de este tipo de acciones en las mujeres y en la democracia en general.

Acciones afirmativas contra la violencia que excluye a las mujeres de la participación política

 

En México con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley de cuotas y hacer visible la violencia que sufren las mujeres que participan en política, el Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES) ha apoyado la creación de observatorios estatales. Adicionalmente con el apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se está haciendo un llamado para la aprobación de una ley federal que tipifique la violencia contra las mujeres en política como un delito.

 

Así mismo, el TEPJF junto con otras organizaciones del Estado y de mujeres desarrollaron el “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres” como una herramienta para enfrentar la violencia como una violación a los derechos políticos y electorales de las mujeres, una forma de discriminación y un obstáculo para la representación femenina.

 

Es el país con mayores avances en materia de violencia contra las mujeres en política. En 1999 se creó la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) con el propósito de enfrentar la violencia y el acoso hacia las mujeres en el ejercicio político. En Bolivia alrededor del 48% de las mujeres que han ejercido cargos de elección popular han sido víctimas de violencia durante el ejercicio de sus cargos. En el año 2013 la Asociación recibió 153 denuncias por violencia y acoso.

 

En mayo de 2012, ACOBOL con el apoyo de otras organizaciones de la sociedad civil y mujeres congresistas presentaron un proyecto de ley que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó como: Ley 243 “Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres”, sin embargo, desde la aprobación de la ley, se han recibido más de 220 denuncias y solo una ha sido resuelta.

 

De acuerdo con una investigación realizada por el Jurado Nacional de Elecciones, el 26% de las candidatas a las elecciones de 2014 fue víctima de acoso político. La Red Nacional de Mujeres Autoridades y la Organización Flora Tristán han trabajado en el país para visibilizar este fenómeno y han promovido campañas que permitan criminalizarlo.

 

En 2015 presentaron el proyecto de Ley 04212/2014 CR que define y sanciona el acoso político. Esta Ley cuenta con 4 artículos en los cuales se define el acoso político como aquellos actos de presión, intimidación, amenaza o violencia que tienen como objetivo alterar las funciones explícitas de una mujer elegida para el ejercicio de un cargo público. Sanciones entre 2 y 5 años por acoso y entre 3 y 8 años por violencia física o cuando el acosador es reincidente. Inhabilidad cuando el acosador es un funcionario y potestad al Poder Ejecutivo para reglamentar la ley.

 

La Red Nacional de Mujeres Municipalistas creó una central de llamadas para atender los casos de violencia en política.  En la línea le ofrecer a las mujeres asesoría legal y técnica sobre sus derechos, dónde acudir en caso de maltrato o violencia.

 

En diciembre de 2011 se radicó “Proyecto de Ley Orgánica contra el discrimen, el acoso y la violencia política en razón de género”.  Esta Ley abarca situaciones de acoso y violencia política en el ámbito público y privado, incluyendo a los partidos y movimientos políticos. Así mismo busca garantizar la prevención y la sanción de acciones constitutivas como violencia y acoso político hacia las mujeres en el ejercicio de sus cargos públicos. Define los tipos y acciones de violencia que se ejercen, las medidas de protección para las víctimas: Medidas cautelares, de protección policial y reparación por los daños causados.

 

En 2013 se presenta el Proyecto de Ley 18.719 contra el acoso y/o violencia política hacia las mujeres. En ella se definen el acoso y la violencia política como aquellas acciones que limitan o desplazan del ejercicio político a las mujeres.

 

Este proyecto de ley establece los compromisos del Estado, los deberes de los funcionarios y de la ciudadanía frente al tema. Define las acciones que se constituyen como acoso y violencia y que pueden ser sancionadas bajo la ley y algunos agravantes de dichas acciones como, por ejemplo; acosar o violentar a una mujer que tenga alguna situación de discapacidad. Así mismo define las sanciones de acuerdo con el cargo del agresor en caso de ser funcionario público. Por último, determina como fundamental la indemnización moral por parte del agresor cuando así lo decida un juez.

India, Pakistán, Afganistán, Nepal,

Sri Lanka y Bangladesh

 

Con el apoyo financiero de la Asociación Internacional del Sur de Asia (SAP, siglas en inglés), mujeres académicas, políticas, activistas de derechos y de otros sectores han trabajado el tema con el objetivo de teorizar y dar a conocer las experiencias de mujeres víctimas de este tipo de violencia en diferentes publicaciones realizadas durante los años de 2007, 2008 y 2009.

 

Las mujeres que ejercen cargos públicos en compañía de otras organizaciones firmaron en 2007 la “Declaración de Katmandú” con el objetivo de encontrar medidas de fondo que permitieran disminuir la violencia que sufren constantemente las mujeres que ejercen cargos de elección popular o públicos. Adicionalmente, para aumentar la participación de las mujeres, promueven la cero tolerancia contra este tipo de violencia, la existencia de una cuota mínima de 33% para ocupar los cargos de gobierno y la derogación de todas las leyes discriminatorias, reemplazándolas por códigos universales que tratan de manera igualitaria a todos los ciudadanos sin distinciones.

 

En Sierra Leona (2012) los ocho partidos políticos que existen firmaron el “Compromiso para unas Elecciones Abiertas y Seguras” con el objetivo de promover unas elecciones libres de violencia y aumentar la participación de las mujeres en política.

 

Las mujeres representan el 52% de la población y en los cargos de representación alcanzan solo el 20%, motivo por el cual el pacto constituye además un acuerdo para que los partidos políticos fortalezcan la participación de las mujeres en las listas de candidatos cumpliendo la recomendación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que estipula el 30% de representación para las mujeres y el 10% para los jóvenes y las personas con alguna situación de discapacidad.

 

La Federación Internacional de Mujeres Abogadas desarrolló un sistema de mensajes de texto para apoyar a las mujeres víctimas de violencia en el ejercicio político. Adicionalmente con financiación internacional desarrollaron programas de fortalecimiento de habilidades de las mujeres en los cinco condados kenianos y apoyo técnico a la Asamblea de Mujeres del Condado para la construcción de una red de apoyo a mujeres que participan en política.

Campañas

Las iniciativas que algunas organizaciones internacionales han desarrollado para combatir la violencia contra las mujeres en política alrededor del mundo son herramientas fundamentales para que muchas mujeres víctimas puedan expresar sus experiencias, para la construcción de mecanismos que sancionen a los agresores y compromisos por parte de los actores políticos para trabajar en la erradicación de este tipo de violencia.

Instituto Nacional Demócrata

 

#NotTheCost - No es el costo - es una campaña liderada por el Instituto Nacional Demócrata - NDI por sus siglas en inglés - y representa un llamado mundial para desarrollar estrategias de prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres en política, argumentando que la violencia no puede ser el costo de la participación política. Cuentan con campañas a nivel mundial y con un formulario para que las mujeres víctimas de algún tipo de violencia en el ejercicio de la política, pueda denunciar.

 

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ParlAmericas

 

Debido a que el acoso y la violencia política hacia las mujeres son un desafío que deben superar constantemente las parlamentarias en todo el hemisferio, ParlAmericas lanzó una campaña llamada “Ubicando el acoso político: parlamentarias y parlamentarios alzan su voz”, cuyo objetivo es que a través de un video los legisladores en los países de américa cuenten sus casos sobre acoso y violencia contra las mujeres en política.

 

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El Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política es una iniciativa del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria NIMD.

 

Las opiniones expresadas en este sitio web no representan necesariamente las posiciones institucionales del NIMD.

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